Rehenes, en primer lugar, de las autoridades marroquíes que han manejado la situación con intereses bastardos. Los deseos reales de muchos marroquíes y de otros países por mejorar sus condiciones de vida en la Unión Europea se ha unido a la promoción de la participación de otros miles en el juego de presiones que, cíclicamente, organiza el gobierno marroquí para presionar a España y la UE para la consecución de otros intereses espurios. De esa manera, hemos visto como decenas de miles, al igual que han sido empujados a acceder a dicha ciudad, tras lograrlo, han vuelto a su país por propia voluntad. Esta situación, con la parte que tiene de alentada artificialmente, lo que contribuye es a pervertir las razones que tienen las personas para huir y buscar otras oportunidades.

Rehenes de los partidos de derecha y extrema derecha, tanto españoles como europeos, que han aprovechado para atizar los sentimientos xenófobos de parte de la población, llegando, en el caso de VOX, a llamar a los españoles a expulsar directamente a las personas extranjeras.

Rehenes del gobierno español, que ha cogido esa ola para sacar pecho de firmeza desplegando tanques y prometiendo la máxima firmeza y colaboración con el gobierno marroquí para expulsar a todas las personas que han accedido a la ciudad.

Rehenes de esa hidra xenófoba que anida en redes sociales y que vomita todo tipo de mensajes de odio.

Rehenes en definitiva del racismo estructural que permea las políticas de la UE, tanto en el Pacto europeo sobre migración y asilo, recién aprobado, como en su relación con terceros países, en particular con aquellos a quienes se viene sumando a la tarea de “proteger nuestras fronteras”.

Rehenes, en definitiva, de esa pieza que todos utilizan, pero a la que no se reconocen sus derechos, a saber, las personas de carne y hueso que tienen miles de razones para buscar una vida mejor allende sus fronteras.

Reclamamos, una vez más, que se reconozca el derecho de cada una de las personas que llegan a nuestro país a ser tratada de forma individual en base a los derechos que le confieren las leyes. Que se arbitren canales de acceso legales a nuestro país, tanto para quienes migran como para quienes buscan protección internacional. Que se ponga coto a los discursos xenófobos y se rompa con la lógica de las políticas europeas cada vez más restrictiva en materia de migración y asilo.

Reclamamos, en definitiva, que se considere a quienes migran y huyen de persecuciones que se les contemple como lo que son, personas a quienes amparan derechos internacionalmente reconocidos y que emprenden la ruta que, no hace tanto, emprendieron tantos y tantos de nuestros compatriotas.

El rechazo ciudadano a la reciente decisión del alcalde de Donostia prohibiendo las cenas solidarias ha sido generalizado. Dejar sin un plato de comida a varios cientos de jóvenes no tiene ninguna explicación aceptable. Las excusas, que no razones, alegadas siguen incidiendo en el menosprecio de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y en su criminalización.

Pero, más allá de eso, queremos poner de manifiesto el tremendo error de no valorar el papel jugado por varios cientos de personas, capaces de mantener, con sus únicos medios, esa labor solidaria a lo largo de seis años. KAS, el colectivo que agrupa a ese voluntariado, se ha ofrecido repetidamente a colaborar con las instituciones para ofrecer su servicio en las mejores condiciones posibles, siendo una herramienta más para apoyar a estas personas y aprovechar recursos institucionales que les ayuden a salir adelante en su proyecto migratorio.

Nada de esto es valorado por el ayuntamiento y está dispuesto, prohibición mediante, a acabar con la dedicación de esas personas. Esta actitud echa por tierra los discursos grandilocuentes que escuchamos sobre la participación. La realidad es que cuando la sociedad se activa para implicarse en necesidades sociales, la administración lo ve como competencia y, como en este caso, prescinde totalmente del aporte ciudadano. Es más, pretende, mediante la criminalización de esa implicación, sustituir una cultura comunitaria por una de orden y seguridad.

Estas iniciativas siguen siendo un valor de primer orden para cohesionar la sociedad, nuestros barrios y son absolutamente necesarias para la eficacia de la intervención de una administración que nunca podrá tener la cercanía, la disposición y la motivación, claves para ello.

De ahí que exijamos al equipo de gobierno la rectificación de su actuación hacia las cenas solidarias. El reconocimiento de KAS como una red ciudadana imprescindible con la que contar para abordar la emergencia en que se encuentra una parte de nuestra ciudadanía, así como el abordaje común de la intervención a desarrollar con ese colectivo.

Llegar a un lugar nuevo nunca es fácil. Aprender cómo funciona la ciudad, conocer gente, descubrir recursos o, simplemente, tener a alguien con quien compartir un café puede marcar una gran diferencia en el proceso de inclusión.

Con ese objetivo nació Izan Harrera, el programa de mentoría social de SOS Racismo Gipuzkoa que conecta a personas refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes con personas voluntarias dispuestas a acompañarlas en su proceso de inclusión.

La mentoría social se basa en algo muy sencillo: crear una relación de confianza entre dos personas que comparten tiempo, experiencias y aprendizajes. No se trata de resolver problemas ni de tener respuestas para todo. Se trata de caminar al lado de alguien durante una etapa de su vida, facilitando que pueda conocer mejor su entorno, ampliar su red de relaciones y sentirse parte de la comunidad.

Actualmente, en Izan Harrera ya hay personas inscritas que están esperando poder iniciar ese acompañamiento. Para que puedan hacerlo, necesitamos incorporar nuevas personas voluntarias que quieran convertirse en mentoras.

¿Qué hace una persona mentora?
Ser mentor o mentora significa compartir tiempo con otra persona desde la cercanía y el compromiso.

Algunas veces será tomar un café, dar un paseo, conocer un barrio, practicar el idioma, participar en una actividad cultural o simplemente conversar. Son pequeños encuentros que ayudan a generar confianza, crear vínculos y favorecer la inclusión social.

No hace falta tener conocimientos específicos ni experiencia previa. Lo más importante es la voluntad de acompañar, escuchar y construir una relación basada en el respeto mutuo.

Además, desde SOS Racismo Gipuzkoa ofrecemos formación inicial, seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso.

Una experiencia de aprendizaje mutuo
En Izan Harrera creemos que la mentoría transforma a todas las personas que participan.

Quien acompaña descubre nuevas miradas, comparte experiencias y construye una relación que rompe prejuicios y acerca realidades que, muchas veces, parecen lejanas. La inclusión no es un camino que recorra una sola persona: es un proceso que se construye entre todas.

¿Te animas a participar?
Si quieres formar parte de Izan Harrera como persona mentora o recibir más información sobre el programa, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo.

Cada nueva persona voluntaria nos acerca a un objetivo muy sencillo: que nadie tenga que empezar de cero en soledad.

izan.harrera@sosracismo.eu
943 32 18 11
Enlace al formulario de inscripción

Durante los últimos dos meses y medio, cientos de miles de personas han presentado su solicitud para salir de una situación administrativa irregular que, durante años, les ha impedido ejercer derechos básicos en igualdad de condiciones.

Las previsiones iniciales del Gobierno apuntaban a unas 750.000 solicitudes, con alrededor de 500.000 resoluciones favorables. Sin embargo, el volumen de expedientes ha superado ampliamente esas estimaciones. Aunque el Ministerio todavía no ha confirmado la cifra definitiva, las estimaciones sitúan las solicitudes por encima del millón de expedientes registrados, lo que evidencia la magnitud de una realidad que llevaba demasiado tiempo invisibilizada.

Detrás de cada solicitud hay una persona que ya forma parte de nuestra sociedad: personas que trabajan, estudian, cuidan, sostienen sectores esenciales de la economía, participan en la vida de nuestros barrios y llevan años construyendo su proyecto de vida aquí. La irregularidad administrativa nunca ha significado ausencia de arraigo, sino ausencia de derechos.

Esta regularización representa una oportunidad para reducir la vulnerabilidad que genera la Ley de Extranjería y facilitar el acceso a derechos fundamentales como un empleo con garantías, la vivienda, la atención sanitaria o la estabilidad administrativa. También supone una medida beneficiosa para el conjunto de la sociedad, al reducir la economía sumergida y favorecer la inclusión social.

Sin embargo, el final del plazo abre ahora una nueva etapa llena de desafíos.

Las organizaciones sociales llevan semanas alertando de la necesidad de reforzar los recursos de la Administración para evitar que el elevado volumen de expedientes provoque retrasos prolongados. La experiencia demuestra que las demoras en las resoluciones, la saturación del sistema de citas para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o las dificultades para obtener determinada documentación pueden convertirse en nuevos obstáculos para miles de personas.

A ello se suma la preocupación expresada por distintas entidades ante el aumento de identificaciones policiales por perfil étnico y actuaciones dirigidas contra personas que precisamente están inmersas en un proceso pensado para poner fin a su situación de irregularidad.

Desde SOS Racismo recordamos que ninguna persona deja de tener derechos por carecer de una autorización administrativa. La regularización extraordinaria constituye un paso importante, pero no resuelve los problemas estructurales que siguen generando exclusión y precariedad. Mientras la normativa continúe produciendo situaciones de irregularidad sobrevenida y dificultando las vías legales y seguras de acceso a derechos, seguirá siendo necesario avanzar hacia una reforma profunda de las políticas migratorias.

Hoy termina el plazo para presentar solicitudes. Ahora corresponde a las administraciones garantizar un procedimiento ágil, transparente y con recursos suficientes para que ninguna persona quede atrapada en una espera interminable.

Porque una sociedad más justa no se construye levantando barreras administrativas, sino garantizando que todas las personas que ya forman parte de ella puedan vivir con los mismos derechos, la misma dignidad y las mismas oportunidades.

Cuando pensamos en migraciones solemos imaginar personas que buscan trabajo, un futuro mejor o escapar de una guerra. Sin embargo, existe otra realidad menos visible: la de quienes se ven obligadas a abandonar su hogar porque su orientación sexual, identidad o expresión de género puede costarles la libertad, la integridad física o incluso la vida.

La persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género sigue siendo una realidad en numerosos países. Naciones Unidas y organizaciones internacionales documentan que en decenas de Estados las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo continúan criminalizadas, y en algunos casos pueden implicar penas de prisión o incluso la pena de muerte.

Ante esta realidad, el derecho internacional es claro. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce la protección a las personas perseguidas por motivos de pertenencia a un grupo social determinado, categoría en la que se incluyen las personas LGTBIQ+. ACNUR recuerda que quienes huyen de persecución por su orientación sexual, identidad o expresión de género pueden tener derecho a solicitar protección internacional.

Una realidad difícil de medir
No existen cifras globales ni europeas fiables sobre cuántas personas migran o solicitan asilo por motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

La razón es doble: por un lado, la mayoría de los Estados no recogen estos datos de forma sistemática; por otro, muchas personas no pueden o no quieren revelar estas circunstancias durante el procedimiento de asilo debido al miedo, la desconfianza o experiencias previas de violencia.
La Agencia de Asilo de la Unión Europea y ACNUR señalan que esta falta de datos dificulta conocer la magnitud real del fenómeno, aunque sí confirman que las solicitudes de protección por estos motivos existen y han aumentado en distintos contextos en los últimos años.

La ausencia de estadísticas no significa ausencia de realidad. Significa invisibilidad.

Huir no siempre significa estar a salvo
La protección internacional tampoco garantiza automáticamente seguridad.
ACNUR advierte de que las personas LGTBIQ+ pueden seguir enfrentando riesgos durante las rutas migratorias y en los dispositivos de acogida, especialmente cuando no existen medidas específicas de protección o espacios seguros.

En muchos casos, la falta de garantías obliga a las personas a volver a ocultar su identidad como mecanismo de supervivencia, incluso después de haber huido de la persecución.

Cuando el Orgullo también es antirracismo
Las experiencias de las personas LGTBIQ+ refugiadas muestran cómo diferentes formas de discriminación se entrecruzan.

Muchas personas migrantes son también LGTBIQ+. Muchas personas LGTBIQ+ son también migrantes o solicitantes de asilo. Y muchas de ellas atraviesan una doble o triple vulnerabilidad: por su origen, por su situación administrativa y por su identidad.

Hablar de Orgullo es también hablar de fronteras, de derechos humanos y de acceso a la protección internacional.

Es recordar que hay personas que nunca han podido asistir a una manifestación porque hacerlo supondría un riesgo para su vida. Que nunca han podido caminar de la mano de quien aman. Que han tenido que abandonar su país no para buscar una vida mejor, sino para poder seguir viviendo.

Defender los derechos LGTBIQ+ implica también defender el derecho a buscar protección cuando esos derechos son negados.

Y recordar que ninguna persona debería verse obligada a abandonar su hogar por ser quien es.

No a las políticas europeas de represión y muerte.

Conmemoramos el Día Mundial de las Personas Refugiadas con un nuevo y grave retroceso en materia de derechos humanos. El sistema de asilo queda gravemente limitado como consecuencia de una clara y violenta estrategia de desgaste contra las personas con necesidades de protección internacional, un proceso que culmina con la legalización de prácticas represivas mediante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA).

PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO Y REGLAMENTO DE DEPORTACIÓN

La entrada en vigor el pasado 12 de junio del PEMA agudiza las relaciones de explotación y dominación neocoloniales ejercidas por la Unión Europea (UE). La política de fronteras se diseña e implementa al servicio del despojo y la acumulación de bienes imprescindibles para sectores estratégicos de la UE y la explotación de los cuerpos y las vidas racializadas. El Pacto sofistica la represión contra quienes intentan presuntamente alcanzar el espacio Schengen y externaliza el derecho de asilo en una clara estrategia de desgaste para quienes requieren protección internacional.

Entre los reglamentos del PEMA, el relativo a la Deportación (retorno) permite la creación de “centros de retorno” fuera de la UE sin vínculo real alguno con la persona deportada, en terceros países sin estándares de respeto a los derechos humanos, posibilitando la deportación de personas con necesidades de protección internacional, donde podrían quedar detenidas mientras se resuelven sus solicitudes. Legaliza, además, la realización de redadas policiales basadas en el perfilamiento racial -en espacios públicos y privados-, el uso de tecnología para vigilar y rastrear a personas refugiadas y migradas, racializadas, y la ampliación de la detención, incluso de niñas y niños, hasta periodos de 30 meses.

Mientras la atención mediática se centra en las políticas patriarcales y racistas que se ejercen en otras latitudes, la socialdemocracia europea ha avalado un Pacto de extrema derecha.

La creación de listados de países de origen seguro elaboradas por la UE permitirá rechazar las solicitudes de protección internacional sin un estudio individualizado de quienes provienen de Colombia y Marruecos, entre otros países de origen de muchas de las personas que llegan a Euskal Herria en busca de protección internacional. Además, el marco legal permite a cada Estado miembro declarar inadmisible una solicitud de asilo si considera que la persona ha transitado por un “tercer país seguro”, cuya consideración como tal puede basarse en un acuerdo para la admisión de solicitantes.

SOLICITUDES DE ASILO

En 2025 solicitaron protección internacional en Euskadi 7.048 personas y en el Estado español 144.396. Un 16% menos que en el año anterior en nuestra comunidad y un 8,6% menos en el conjunto del Estado.

Esto supone la ruptura de la tendencia al alza de los últimos años debido a los bajos ratios de reconocimiento, la política de militarización y externalización de fronteras y a la aplicación del artículo 126 del nuevo Reglamento de Extranjería, que impide a quienes han visto denegada su solicitud de protección computar sus tiempos de estancia en el estado para regularizar su situación mediante la figura del arraigo, casi la única vía posible de acceso a la regularidad para la mayoría de las personas refugiadas y migradas.

Amparándose en la entrada en vigor del PEMA, el Estado español[1] dejará además de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias derivadas de protección internacional. Esto no solo impactará en las personas procedentes de Venezuela —principal país de origen, junto con Colombia, de quienes solicitan protección internacional en el estado— sino a todas las personas que pudieran ser autorizadas a residir por motivos humanitarios.

En este marco, celebramos el proceso de Regularización Extraordinaria, resultado del incansable trabajo de los colectivos migrantes antirracistas, poniendo fin a una irregularidad que conlleva explotación laboral, invisibilidad frente a las instituciones, desprotección legal y exclusión en el acceso a derechos humanos fundamentales como la educación y la sanidad de muchas vecinas y vecinos de nuestros territorios.

La reglamentación de este proceso por parte de las instituciones está socavando, sin embargo, el derecho a la protección internacional en tanto que exige, a las personas regularizadas, la renuncia al mismo y supone, además, una solución puntual a un problema estructural generado por una Ley de Extranjería al servicio de la explotación racista de una parte de la población.

REIVINDICAMOS: 

Poner freno urgente a las políticas de externalización de fronteras: la disuasión en origen, la contención en el tránsito y la devolución desde la UE están causando la muerte y la desaparición forzada de muchas personas e impidiendo, de facto, su posibilidad de alcanzar un país seguro.

Garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional, mediante el estudio individualizado de cada solicitud sin aplicación de criterios de nacionalidad ni procedimientos aceleradísimos, ateniendo a los derechos consagrados en la Convención de Ginebra de 1951, cumpliendo con las garantías debidas y del principio de no devolución.

Abogar por la defensa de la Protección Subsidiaria (Ley de Asilo) y de la autorización de permanencia por razones humanitarias (LOEX) para quienes están viendo conculcados sus derechos fundamentales.

Derogar de manera urgente la imposición del visado de tránsito aeroportuario para quienes huyen del genocidio palestino, así como para las y los nacionales de Palestina, Siria, Somalia, Yemen y otros lugares asolados por conflictos armados.

Poner fin a las identificaciones policiales por perfil racial y a la violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra las personas racializadas, impulsando investigaciones para determinar y exigir responsabilidades ante las denuncias interpuestas.

Detener el comercio de armas que alimenta los conflictos y las guerras que están detrás de muchos de los desplazamientos forzados, y que contribuye a cometer graves violaciones de Derechos Humanos.

Garantizar la transparencia y el acceso a información sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a las obligaciones europeas que se derivan del PEMA y del Reglamento de Deportación.

Establecer un mecanismo de supervisión independiente que garantice el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza, con medidas efectivas de transparencia y rendición de cuentas. Su creación requiere tiempo, participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y superar las limitaciones de los mecanismos existentes.

Aplicar el Pacto de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos, y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales.

Garantizar de parte de los diferentes niveles de la administración pública medidas urgentes y efectivas que luchen contra el odio y la xenofobia como la adopción de compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables que garanticen los derechos y la convivencia de todas las personas.

Exigimos a nuestras administraciones medidas urgentes y efectivas que luchen contra el odio y la xenofobia como la adopción de compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables que garanticen los derechos y la convivencia de todas las personas.

Adhesiones:

• Zehar-Errefuxiatuekin
• Amekadi
• Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. – S.E.A.D. en Lagunen Elkartea-Donosti
• Amnistía Internacional
• Asociación Matiz
• Bake-Ekintza Antimilitarista
• Batikumba
• Begirune
• CEAR en Euskadi
• Denon Elkartea
• Entretanto Entretente – Bitartean jolasean
• Gehitu, Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco
• Grupo Oarso Taldea
• Harresiak Apurtuz, Coordinadora Vasca de Migraciones
• Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
• Hiritarron Harrera Sarea – Red de Acogida Ciudadana
• Hotz Zarautz
• Kolore Guztiak
• Lumaltik Herriak
• Martin Etxea
• Mujeres con Voz
• Mulisol
• Mundubat
• Munduko Medikuak
• Ongi Etorri Errefuxiatuak
• Oxfam Intermon en Donostia
• Pertsonalde
• Red Atenea España
• Salvamento Marítimo Humanitario, SMH
• SOS Racismo Gipuzkoa
• Zaporeak
• Zurrumurruen Aurkako Sarea ZAS! Red AntiRumores de Euskadi

El Auditorio Niessen de Errenteria acogió ayer la fiesta de cierre de la duodécima edición de Urretxindorra, el programa de mentoría social impulsado por SOS Racismo Gipuzkoa. La iniciativa ha contado este curso con la participación de 14 centros educativos de distintos municipios de Gipuzkoa y con 40 relaciones de mentoría entre personas voluntarias y niños, niñas y adolescentes de origen migrante en situación de vulnerabilidad.

El acto reunió a parejas de mentoría, familias, centros educativos, universidades, entidades colaboradoras e instituciones públicas para celebrar el trabajo realizado durante el curso y poner en valor una experiencia que promueve la inclusión social, la igualdad y la convivencia intercultural.

Durante la apertura del evento, Karlos Ordoñez, técnico del proyecto Urretxindorra de SOS Racismo Gipuzkoa, quiso dirigirse especialmente a las familias participantes y, en particular, a las madres de los menores mentorados. En su intervención reconoció las dificultades que afrontan muchas familias migradas, marcadas por procesos de separación, duelos migratorios, precariedad laboral, discriminación y obstáculos para acceder a una vivienda digna.

Asimismo, defendió la necesidad de construir una sociedad basada en la igualdad de derechos, el apoyo mutuo y la convivencia. “Lo más valioso que podemos ofrecer a nuestros hijos e hijas es una sociedad justa y acogedora, donde todas las personas sientan que pertenecen”, señaló durante su intervención.

La jornada incluyó un conversatorio institucional dinamizado por César Palomo, de Amak contra el Racismo, en el que participaron Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria; Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco; e Isaac Palencia, Director de Promoción Cultural y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Posteriormente, las personas asistentes disfrutaron de la actuación musical de Lua Matheus y Rodrigo Mora de un bingo participativo que permitió recordar algunas de las experiencias, actividades y aprendizajes compartidos durante el curso.

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el conversatorio protagonizado por los agentes que hacen posible Urretxindorra. Participaron Patricia Ruiz, orientadora del centro Koldo Mitxelena; Nahia y Kendrick, pareja de mentoría participante en el programa; José Ángel Achón Insausti, profesor de la Universidad de Deusto; y Elisa Sainz de Murieta, directora del área de Compromiso Social de la EHU. Las intervenciones pusieron de relieve el impacto que generan las relaciones de mentoría tanto en los menores participantes como en las personas voluntarias, las familias y la comunidad educativa.

La celebración concluyó con una dinámica colectiva de construcción de un árbol de origamis, símbolo de los vínculos creados durante el curso, y con la interpretación de “Txoria Txori” a cargo de Lua Matheus y Rodrigo Mora, antes de compartir una merienda entre todas las personas asistentes. 

Una herramienta para la inclusión social

Urretxindorra es un programa de mentoría social dirigido a menores de origen migrante en situación de vulnerabilidad. La iniciativa promueve relaciones de acompañamiento entre personas voluntarias y menores participantes con el objetivo de favorecer su bienestar emocional, ampliar sus redes sociales y reforzar su sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Cada relación cuenta con el acompañamiento, seguimiento y evaluación de profesionales especializados, garantizando que el proceso responda a las necesidades de las personas participantes y contribuya a generar entornos más inclusivos y cohesionados.

Con doce ediciones a sus espaldas, Urretxindorra se ha consolidado como una de las experiencias de mentoría social de referencia en Gipuzkoa, demostrando el valor del compromiso comunitario para construir una sociedad más justa e inclusiva.

El pasado 22 de mayo, compañeras de SOS Racismo Gipuzkoa participaron en una conferencia dirigida al alumnado de 4º de Trabajo Social de la Universidad de Deusto bajo el título “Regularización extraordinaria y políticas migratorias que reproducen desigualdades”.

Durante la sesión se abordó una idea central: la irregularidad administrativa no es una excepción accidental dentro del sistema de extranjería, sino una consecuencia estructural del propio modelo migratorio actual.

La conferencia analizó cómo las leyes de extranjería generan barreras de acceso a derechos básicos y obligan a miles de personas a atravesar largos periodos de precariedad, inseguridad y exclusión antes de poder acceder a una situación administrativa regular.

También se reflexionó sobre la regularización extraordinaria aprobada en 2026. Aunque supone una mejora muy importante para miles de personas —permitiendo acceder a contratos laborales, vivienda o mayor estabilidad jurídica—, desde SOS Racismo Gipuzkoa consideramos que sigue siendo una medida insuficiente si no se transforman las dinámicas estructurales que producen irregularidad y vulnerabilidad.

Además, se puso el foco en el papel del Trabajo Social frente a estas realidades: la necesidad de escuchar sin paternalismos, detectar vulneraciones de derechos y actuar como puente entre las personas y unas instituciones que muchas veces reproducen exclusión.

Frente a discursos que criminalizan la migración, defendemos políticas migratorias centradas en los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de todas las personas.

Porque ninguna persona es ilegal.

Puedes leer aquí el texto completo de la conferencia.

El titular ya orienta la lectura: “Un sintecho… generando inseguridad entre los vecinos”

Desde ahí, la asociación queda instalada: sinhogarismo = inseguridad.
Sin aportar datos que la sustenten. La identidad de la persona queda reducida a una categoría social: “un sintecho”. No hay sujeto, solo etiqueta.

Pero hay algo aún más relevante en el material audiovisual que acompaña la noticia. Muchas de las intervenciones vecinales no describen hechos directos, sino relatos indirectos:

• “he oído que…”
• “le pasó a fulanito…”
• “a un conocido…”

Este desplazamiento del hecho al rumor es clave. No estamos ante una suma de evidencias, sino ante una cadena de narraciones no verificadas que se refuerzan entre sí. La inseguridad no se constata: se transmite.

Incluso detalles aparentemente anecdóticos como “un sintecho que se instala, con televisor incluido” tampoco son neutros. Introducen un extrañamiento: sugieren una expectativa implícita sobre cómo “debe” ser la pobreza, como si ciertos objetos no pudieran formar parte de la vida de una persona sin hogar. Esa disonancia refuerza la construcción del “otro” como excepción o anomalía.

El resultado es un relato donde la pobreza aparece no como situación social compleja, sino como explicación implícita del desorden urbano.

Desde el concepto de aporofobia (Adela Cortina), esto no es un simple problema de estilo periodístico: es una forma de construcción social del pobre como amenaza.

Y desde el análisis del discurso, hay una cuestión central que atraviesa todo el texto:
quién tiene derecho a narrar la realidad y quién solo puede ser objeto de narración.

Cuando estas narrativas se repiten, no solo informan: acaban convirtiéndose en algo que mucha gente da por obvio. Y ese “sentido de lo obvio” puede terminar justificando respuestas de expulsión de la pobreza del espacio público como si fueran la única solución posible.

No se trata de negar los conflictos urbanos. Se trata de no convertir la pobreza en su causa automática. Porque el lenguaje no solo describe la realidad: también decide cómo la vemos.

La nueva oficina, ubicada en Beasain (José Miguel Iturrioz, 4, bajo), nace como un espacio de asesoramiento, acompañamiento y apoyo comunitario, acercando recursos jurídicos, laborales y sociales a la ciudadanía de la comarca.

Entre los primeros servicios que desarrollaremos desde esta oficina se encuentra el servicio de asesoramiento jurídico Aholku Sarea, en el marco de la Red Vasca de atención jurídica en extranjería. A través de este servicio ofreceremos asesoramiento gratuito, información sobre extranjería y atención ante situaciones de discriminación.

Las citas pueden solicitarse en el teléfono 943 24 56 27 o escribiendo a sos.gipuzkoa@sosracismo.eu , indicando nombre y número de teléfono.

La oficina contará también con un servicio gratuito de asesoría laboral especializado en trabajo de hogar, dirigido principalmente a trabajadoras del hogar y cuidados. Este espacio ofrecerá orientación laboral, información sobre derechos y acompañamiento ante distintas situaciones relacionadas con el empleo doméstico. Asimismo, también facilitaremos información a personas empleadoras para fomentar condiciones laborales dignas.

Las citas para este servicio pueden solicitarse en el teléfono 658 74 97 56.

Además, todos los jueves organizaremos grupos de café dirigidos a trabajadoras del hogar, concebidos como espacios de encuentro, apoyo mutuo y construcción comunitaria. Estos grupos buscan generar redes de apoyo, compartir experiencias laborales y migratorias, combatir el aislamiento y facilitar información sobre derechos y recursos.

Los grupos tendrán lugar todos los jueves a las 16:00 horas en la oficina de Beasain.

Con esta apertura reforzamos nuestra presencia territorial y nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato y el acompañamiento cercano a las personas migrantes y racializadas.

Beasain – José Miguel Iturrioz, 4 – 688 63 35 64