SOS Racismo Nafarroa ha puesto en marcha una nueva campaña para denunciar la situación de quienes no tienen derecho a voto. Este derecho depende del origen y de la situación jurídica.
Tal y como explican en sus redes sociales, en Navarra hay unas 60 mil personas residentes y residentes en este territorio, aunque no todas podrán votar en las elecciones al Parlamento de Navarra y a municipios y consejos que se celebrarán el 28 de mayo. Este derecho sigue dependiendo del origen y de la situación jurídica. En muchos casos, según los acuerdos de reciprocidad, deben realizar los trámites previos al voto, en el mejor de los casos, o rechazar el derecho al voto activo y pasivo en el peor de los casos.
Estas personas están obligadas a cumplir con todas las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, pero tienen menos derechos. Venimos, una vez más, a denunciar algunas de las violencias estructurales que sufren los migrantes y racializados. Estas violencias se silencian e invisibilizan y, además, carecen de representación en las instituciones públicas.
En plena crisis que golpea los hogares de las familias, las personas menos protegidas socialmente, son las más vulnerables. La falta de vivienda pública y el elevado precio del alquiler afecta directamente a esta población, les empuja a compartir pisos con varias familias, o directamente a vivir hacinados en habitaciones. El racismo inmobiliario les impide poder alquilar, porque existen criterios racistas que les discriminan y que ha provocado un aumento de la población en situación de calle.
Seguimos exigiendo la regularización de más de 500 mil personas que se encuentran actualmente en situación administrativa irregular en el Estado Español. La actual reforma a la ley de extranjería solo es un parche porque no acaba con el problema real, ya que al no contar con un permiso de residencia y trabajo estas personas son víctimas de la explotación laboral y economía sumergida, en sectores laborales tan precarizados como la agricultura o los cuidados de las personas dependientes.
Desgraciadamente, mantener esta situación discriminatoria y excluyente que se repite en muchas otras ciudades genera y fomenta la fractura social. También vulnera el principio de igualdad de derechos y crea un imaginario colectivo en el que las personas no son consideradas sujetos políticos de derechos.
Hacemos un llamamiento a la sociedad para que también exija a los representantes políticos que adopten cuanto antes las medidas necesarias para el reconocimiento de los derechos políticos, civiles y sociales de todos los extranjeros en su conjunto.
Si quieres saber más, aquí tienes el manifiesto para la iluminación en sus redes sociales.