Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, día por el que ayer nos movilizamos en Donostia junto a 17 entidades y personas a título individual con las que reivindicamos una acogida que no discrimine. En Bilbao y en Gasteiz, la convocatoria es hoy lunes.
La guerra en Ucrania acapara todos los titulares. No es para menos: millones de personas han tenido que huir de la guerra.
En medio de todo este sinsentido, la Unión Europea ha aplicado por vez primera la Directiva 2001/55 que está otorgando protección temporal generalizada a las ucranianas y ucranianos que salen del país. Se pone así de manifiesto que, cuando existe voluntad política, es posible garantizar los derechos de quienes buscan refugio.
Nos gustaría poder decir que esta respuesta es la habitual. Pero no es así. Nunca antes se había aplicado esta directiva, ni tan siquiera en el caso de crisis tan graves como la de Siria o Afganistán, entre otras.
La realidad es que la mayoría de quienes consiguen llegar al Estado Español huyendo de la persecución se enfrenta a una carrera de obstáculos que dificulta enormemente su incorporación a nuestra sociedad. Los trámites para la solicitud de asilo son lentos y farragosos, normalmente se resuelven con una denegación (fue así en más del 90% de los casos en 2021) y la denegación se traduce en irregularidad: sin permiso de residencia y trabajo muchas puertas se cierran de golpe y se impone la precariedad.
Se restringe así el acceso a sus derechos de ciudadanía a quienes ya son nuestros vecinos y vecinas, dificultando la construcción de una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. Los pilares de la convivencia quedan de esta forma muy debilitados.
Son los refugiados y refugiadas de segunda, que huyen de conflictos olvidados, que se topan con los intereses geoestratégicos, económicos y comerciales de los países de destino (intereses que se anteponen a sus necesidades de protección). Mujeres que escapan de violencias machistas. Personas que son perseguidas por su orientación sexual o por su identidad género. Poblaciones a las que se les esquilma sus medios de vida por la intervención de multinacionales que degradan su entorno natural.
El muro legal que enfrentan estas personas cuando llegan viene precedido, en muchos casos, de un tránsito largo y violento que, en ocasiones, acaba de la peor manera posible: solo en 2021, al menos 2.126 personas murieron en la frontera sur española. Las políticas migratorias están en el origen de este drama humanitario. La externalización y militarización de las fronteras, la ausencia de vías legales y seguras, obliga a utilizar rutas cada vez más peligrosas, especialmente para las mujeres.
Los servicios de control fronterizo prestados por terceros países tienen un coste. El giro histórico del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental ha tenido como efecto inmediato el descenso de los flujos migratorios en Ceuta y Melilla. En contra de la legalidad internacional, Marruecos refuerza así su control sobre el 70% de la producción mundial de fosfatos y de los ricos bancos de pesca de ese territorio. A costa de los derechos de las y los saharauis.
No queremos terminar sin denunciar la situación de Mohamed Benhlima activista, exmilitar y denunciante de la corrupción de altos mandos militares argelinos. Pidió asilo en España, pero fue devuelto, sin el debido proceso y sin evaluar su solicitud de asilo, a Argelia, donde fue encarcelado y sometido a varios procesos y condenas.
Por todo ello, REIVINDICAMOS:
- Garantizar que las personas migrantes y refugiadas puedan llegar tanto al Estado español como a Euskadi sin poner su vida en riesgo, facilitando vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo.
- Cesar las devoluciones ilegales de personas que llegan a Ceuta y Melilla, así como en el resto de fronteras europeas.
- Dejar de aplicar criterios estándar de resolución, con denegaciones generalizadas en función de nacionalidades, y estudiar las solicitudes de protección internacional de manera individual.
- Terminar con una política de fronteras al servicio de los intereses económicos de los países receptores, que deja a muchas personas varadas tanto en países de origen como de tránsito, donde sus derechos humanos no son respetados.
- Terminar con la instrumentalización de las personas migrantes y refugiadas, que son utilizadas como herramienta de presión política.
- Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas independientemente de su país de origen a través de un estudio individualizado de los casos que garantice y respete el derecho a la protección internacional sin discriminar a nacionales de países cuyas solicitudes están siendo sistemáticamente denegadas, como es el caso de Colombia.
- Asegurar la flexibilidad y sostenibilidad del sistema de acogida a personas solicitantes de protección internacional con procesos de inclusión efectivos, centrados en las personas.
- Habilitar vías de regularización extraordinaria que permita a las personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas acceder a un estatus legal regular.
- Garantizar el acceso a vivienda social, recursos y prestaciones sociales, educativas, sanitarias y culturales estableciendo criterios que contemplen las dificultades de las personas con necesidades de protección internacional y apátridas, teniendo en cuenta el acceso de personas en especial situación de vulnerabilidad como las mujeres que han sufrido persecución por motivos de género o están viviendo violencia machista.
- Establecer criterios de acceso a las prestaciones sociales que faciliten su obtención y no la suspensión, como, por ejemplo, la exención de documentos de imposible obtención en país de origen o de familiares que no se encuentran en el Estado español, la agilización de los trámites y la mejora de la comunicación.
- Facilitar acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos grupales de trabajo psicológico que faciliten que las personas se recuperen de las situaciones traumáticas de las que vienen.
- Combatir los discursos discriminatorios y xenófobos adoptando medidas de prevención y monitoreo y garantizar el diseño e implementación efectiva de planes de integración, convivencia, igualdad y no discriminación en todos los niveles de la administración desde un enfoque comunitario y con la asignación presupuestaria necesaria.
- Llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a la población local, que favorezcan la inclusión y convivencia con las personas refugiadas y migrantes, como las estrategias antirrumores.
- Cesar los controles fronterizos terrestres en la frontera de Euskadi con Francia que se practican por perfil étnico y crear corredores humanitarios seguros para las personas migrantes.
SOS Racismo Gipuzkoa, ZEHAR Errefuxiatuekin, Salvamento Marítimo Humanitario, Zaporeak, Grupo Oarso Taldea, Hiritarron Harrera Sarea, Oxfam, Bake Ekintza Antimilitarista, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Amigos RASD, Hotz Zarautz, Kolore Guztiak, Jatorkin Al-Nahda, EIPE – ZAIE Elkartea, DENON Elkartea, Mundubat, Asociación Matiz, Red Atenea.
Puedes ver aquí algunas de las fotos que tomó Zehar Errefuxiatuak en la manifestación de ayer en Donostia:
