Fotografía: Iñigo Arizmendi
Esta semana Tabakalera ha acogido la V. edición del Foro Jurídico organizado por el Diario Vasco, este año centrada en los derechos jurídicos de las personas migrantes. El último informe de Ikuspegi estima que más de un 11% de las personas que residen en la Comunidad Autónoma Vasca son de origen extranjero, dato extraído del número de personas censadas, por lo que la cifra real es mayor. Se trata de una cifra significativa, que además responde también a las necesidades demográficas y laborales, sin embargo los obstáculos en la respuesta jurídica y administrativa para la regularización del estatus migratorio no solo suponen grandes barreras para una integración efectiva, sino que vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de cientos de personas.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco Nerea Melgosa recalcó la necesidad de establecer corredores humanitarios que aseguren vías legales y seguras, pero hasta que estas existan es fundamental garantizar el ejercicio de derechos de las personas que se encuentra en situación irregular, tal y como apuntó Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia. A día de hoy, el marco normativo genera una distinción entre personas con ciudadanía y personas sin ella, pero esta distinción no puede ser la justificación para la vulneración de los Derechos Humanos. En este punto el magistrado coincidió con Carmen Adan del Río, Fiscal Superior del País Vasco, que recordaba que los derechos son independientes de la situación administrativa, y apeló a la capacidad de interpretación de las leyes. Subijana también recodó la necesidad de garantizar el derecho de asilo recogido en el derecho internacional, derecho cuyo ejercicio queda a menudo impedido en el contexto administrativo actual. En esta línea apuntaba también Arantza Chacón, directora de ZEHAR Errefuxiatuekin, quien denunció la casi imposibilidad de iniciar una solicitud de asilo en Gipuzkoa, y señalaba a la larga duración de los procesos jurídico-administrativos, preguntándose dónde queda el cumplimiento de los derechos durante estos procesos.
«La administración no está preparada a las realidades que viven estas personas. El proceso de asilo no va ligado a medios de vida o a persmisos de trabajo, y ni siquiera contempla el contexto de urgencia en la salida del país de muchas de estas personas. Estos procesos administrativos no reconocen a las personas como tales en los años que trascurren hasta la regularización, y este empobrecimiento también genera violencia. Sin embargo, hemos visto que cuando hay voluntad política, existen opciones de mejora, o se pueden poner en marcha los mecanismos que ya existen, como en el caso de la 55/2001*.»
Arantza Chacón, ZEHAR Errefuxiatuekin
La Directiva europea 2001/55/CE regula la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Esta figura de protección temporal lleva más de veinte años en vigor, y sin embargo su primera activación directa se ha dado en el contexto de la guerra de Ucrania.
Al igual que Chacón, Patricia Bárcenas, Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, incidió en que la normativa no se adapta a la realidad, como demuestran la cantidad de trámites administrativos que tienen que ser corregidos judicialmente y que muestran la presencia de racismo estructural.
«En los últimos años hemos normalizado el que haya personas durmiendo en las calles de Donostia»
Abdoulaye Sarr, técnico en SOS Racismo Gipuzkoa. Fotografía: Iñigo Arizmendi
El foro contó con una mesa centrada en las experiencias vitales en primera persona de personas migradas que viven en el territorio, donde participó Abdoulaye Sarr, técnico de Educación y de Acogida a jóvenes sin referente adulto en SOS Racismo Gipuzkoa. Sarr narró su proceso migratorio desde Senegal, desde la idea que desde África se tiene de lo que es la vida en Europa, donde no se percibe que pueda existir desempleo o pobreza en las calles, y señaló que desde su llegada hace cinco años a la actualidad ha percibido un empeoramiento en la sociedad con la cada vez mayor normalización de la situación de calle de tantas personas a las que cada vez se deshumaniza más.
Sarr estaba terminando sus estudios en Derecho en Senegal cuando decidió migrar, sabiendo que le sería imposible conseguir un visado sin contactos en las administraciones y que no podría llegar a ejercer de abogado en su país. En Marruecos se vio viviendo en la calle por primera vez, una vez agotó los ahorros que había conseguido tras vender su motocicleta. Gracias a la ayuda de un compatriota llegó hasta Tánger, donde encontró a mucha gente conocida que llevaba años allí. En la ciudad costera cientos de personas quedan bajo la gestión de mafias que les piden entre 3.000 y 5.000 euros para cruzar el mediterráneo. Allí Abdoulaye tuvo que convertirse en capitán de barco, y durante meses trató de llegar a la costa española, en catorce ocasiones intentó llegar en embarcaciones a remo. Mientras tanto, convivía con otros migrantes en su misma situación, donde más de treinta personas compartían cada habitación. En relación a la trata de personas, la fiscal delegada de extranjería de Bizkaia Mónica Arias apeló a la necesidad de abordar la trata no exclusivamente desde el delito, sino desde la protección de las víctimas, un factor que a menudo queda invisibilizado.
El fin de semana en el que Abdoulaye llegó a Algeciras también lo hicieron otras 500 personas, y allí fue conducido a un autobús que lo dejó junto a decenas de migrantes en Donostia. «Ni siquiera sabíamos a dónde nos llevaban. Nos pusieron en filas, unos buses iban a Madrid, otros a Barcelona. Tuvimos que preguntar por la calle dónde estábamos cuando nos dejaron en San Sebastián». Sarr puso en valor la respuesta ciudadana de vecinas y vecinos que se organizaron para dar respuesta a la llegada de estas personas migrantes en 2018, llegada que dio lugar a la creación de las Redes Ciudadanas de Acogida en Donostia y en Irun, ya que muchas de estas personas buscaban llegar hasta Francia.
Hoy en día Aboulaye trabaja ayudando a jóvenes que llegan a la ciudad en situaciones similares a como llegó él, y aunque destaca que sí que existen recursos, éstos no son suficientes y no se han adaptado para poder ofrecer una primera acogida digna, ya que las personas migrantes suelen pasar cerca de 9 meses en la calle antes de poder acceder a un recurso.
Junto al joven senegalés partició también Candi Rivas, quien llegó de Nicaragua en 2016. Rivas narró otra cara de la misma realidad, y es que la mayoría de personas que llegan al territorio se encuentran con grandes dificultades en la homologación de sus estudios, y en el caso de las mujeres latinoamericanas muchas de ellas terminan como trabajadoras de hogar cuidando a personas mayores, la única opción que encuentran al no contar con permiso de trabajo. Candi quiso señalar que bajo falsos cumplidos de que «las mujeres latinas tienen una mano especial para los cuidados» se encuentra la justificación para la explotación laboral de muchas de ellas, especialmente de quienes trabajan como internas.
Los años que pasan hasta que una persona llega a poder regularizarse «son una ficción jurídica»
Mikel Mazkiarán, abogado del equipo jurídico de SOS Racismo Gipuzkoa. Fotografía: Iñigo Arizmendi
Tanto la situación de explotación laboral que describía Candi como la extrema vulnerabilidad y violación de derechos de jóvenes recién llegados como Abdoulaye son consecuencia de un marco jurídico y administrativo que impide poder regularizarse en el territorio hasta pasados dos o tres años, y eso en el mejor de los casos. En palabras de Mikel Mazkiarán, abogado de SOS Racismo Gipuzkoa, esto muestra una «ficción jurídica», ya que sin un permiso de trabajo es imposible sobrevivir durante esos años sin trabajar de manera irregular.
Mazkiarán explicó que incluso desde una perspectivamente práctica, resulta una contradicción que ante una problemática demográfica y de relevo generacional no se facilite la regularización de estas personas, ya que esto traería consigo una mayor recaudación fiscal por parte del Estado. Se trata de una contradicción basada en unas políticas migratorias basadas en la seguridad para justificar el control, a lo que Arantza Chacón añadía la necesidad de basar estas políticas desde una perspectiva de derechos humanos: «No podemos vincular el cumplimiento de derechos a la necesidad para el bienestar europeo». Sin embargo, señaló el abogado, los derechos de las personas migrantes están en continua definición, algo que sería impensable aplicar a las personas con ciudadanía, y el ejercicio de ·estos derechos están «en función del nivel de realidad con el que queramos aplicar».
En relación a estos años de espera previos a la regularización ha sido noticia la figura del Arraigo por Formación que puede reducir de tres a dos años el proceso, sin embargo Nuria Martinez Marin, abogada del servicio Biltzen de Aholku Sarea, se mostraba cauta con generar falsas expectativas. En palabras de Martinez, este proceso se ha vendido como la solución para todo, pero el no cumplimiento de las características del contrato de trabajo a la hora de regularizarse una vez terminados los estudios puede suponer volver a la casilla de inicio. Además, a la dificultad en la burocracia y la brecha digital existente en los trámites telemáticos hay que añadir que se trata de un proceso largo, algo que no resulta atractivo para las empresas.
Es inadmisible que sigan muriendo personas en tránsito dentro del espacio Schengen
Mazkiarán quiso recordar el caso de la frontera del Bidasoa, diferenciando entre la frontera del Sur del estado español con la que separa Irun de Hendaia, ya que la propia existencia de un control migratorio dentro de estados miembro del espacio Schengen no debería existir. Además, señaló también la ilegalidad de las prácticas en dicha frontera interior, ya que el control es selectivo en base a perfilamiento racial.
Experiencias positivas: la resolución del caso de una niña apátrida en Gipuzkoa
Entre la denuncia y la sensibilización el foro también dio lugar a compartir buenas prácticas, como es el caso de una niña nacida en Marruecos, en tránsito desde Camerún hasta Gipuzkoa. El jurista Juan Luis Ibarra explicó la importancia de la resolución de su caso como apátrida, ya que no contar con una nacionalidad implica no poder ejercer los derechos humanos más fundamentales. Marruecos no reconoció su nacimiento, y aunque inicialmente obtuvo una sentencia desfavorable, se demandó al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía por el incumplimiento de la tutela de derechos fundamentales de la menor, y finalmente la niña obtuvo la nacionalidad española porque se determinó que éste había sido su primer hogar. Se trata de la primera vez en España que se otorga la nacionalidad como medio de cumplimiento de derechos, y es muestra de la función interpretativa de la justicia, siendo un caso jurídicamente consistente y extrapolable a otros casos de menores nacidos en tránsito que lleguen a España y se encuentren en una situación similar.