Cual si fuera un torneo de caza, Interior establece premios por migrante detenido. A tanto la pieza. No es que resulte algo inédito en la práctica policial. La prueba es que firma la orden el jefe local de Extranjería de Irun. El problema es que se ha hecho público. Es por eso que se le ha abierto expediente, lo que no deja de ser un lavado de cara. Es lo que vemos todos los días, por ejemplo, en la actuación policial en las vallas de Ceuta y Melilla. Se actúa de una forma, en base a instrucciones en ese sentido y luego, ante la opinión pública, se niegan e inventan versiones edulcoradas sobre la actuación policial.
Curiosamente, la orden se conoce por haberla denunciado un sindicato policial. Eso sí, el motivo de la denuncia no responde a consideraciones de violaciones de derechos sino a que eso supone aumentar la carga de trabajo y el estrés de los policías.
SOS Racismo denuncia, una vez más, que detener a personas por una infracción administrativa, en este caso el no tener su estancia regularizada, es una discriminación respecto al resto de la ciudadanía y una violación de derechos fundamentales, el derecho de residir y circular libremente en tanto no se haya cometido un delito. El que esa discriminación esté recogida en la legislación de extranjería no evita su ilegitimidad, por lo que reiteramos nuestra exigencia de que sea derogada.
Este tipo de orden, y el consiguiente modus operandi, viene acompañada de los controles por perfil racial que, sistemáticamente, realizan todos los cuerpos policiales. Lo que muestra que, independientemente del color político de las instancias gubernamentales, los cuerpos policiales tienen muy claro la vulnerabilidad de las personas migrantes. Y actúan en consecuencia.
Este es un ejemplo más de lo que denominamos racismo institucional.